| 03-03-2010 | 04:38 local |
| La curia conocía las denuncias contra un cura desde el 2008 |
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La Iglesia rompió el silencio. Dos días después de la publicación de LaCapital, el arzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan, admitió ayer públicamente que "desde fines de 2008" la jerarquía de la orden de Canónigos de Letrán investiga las denuncias de acoso sexual y abusos de autoridad contra un sacerdote de la parroquia de Pompeya. E incluso reveló que él personalmente atendió las quejas de los feligreses y que en dos ocasiones vino a Rosario un abad desde Roma a examinar el caso.
El prelado insistió en aclarar que "de ninguna manera hubo encubrimiento o manto de silencio o secreto" en torno al caso, aunque reconoció que "desde fines de 2008" la Iglesia local estaba "en conocimiento de las denuncias" contra el ex párroco y directivo del colegio que funciona en barrio Belgrano.
Mollaghan insistió en adjudicar a la propia decisión de los involucrados que no se haya hecho una denuncia judicial. "No se judicializó el tema porque eso lo deben hacer las supuestas víctimas", dijo, a pesar de que recién desde que el caso se conoció a través de LaCapital una fiscal intervino para favorecer algún tipo de investigación.
El arzobispo pareció apuntarle a la responsabilidad de la congregación al señalar que los denunciantes "aceptaron que quienes diluciden la cuestión sean los superiores (del párroco acusado) de la orden de los Canónigos Regulares de Letrán".
No obstante Mollaghan reveló que recibió personalmente las quejas de un grupo de alrededor de 20 feligreses, que denunciaban al sacerdote de varias cuestiones que iban desde autoritarismo al acoso, y destacó que luego fue separado de la parroquia.
En cambio, tuvo reparos respecto de la veracidad de todas las denuncias al asegurar que "otro grupo se acercó a defenderlo y había una maniobra pergeñada para perjudicar al sacerdote. Había hechos que podían representar la verdad, pero también eran difusos", dijo.
El obispo agregó que "la Iglesia tiene un Derecho propio que permite que sea el propio superior quien investigue a un sacerdote, que es lo que se hizo. La investigación ha avanzado —dijo—, incluso vino dos veces desde Roma el abad de los Canónigos Regulares de Letrán", manifestó.
En una particular interpretación de los castigos, el prelado resaltó que "ya es de por sí muy duro que, mientras se sustancia la investigación que continúa abierta, el sacerdote haya sido impedido de cumplir sus funciones de párroco".
Un punto importante en las expresiones del arzobispo fue cuando reconoció que "la congregación indemnizó en 200 mil pesos a una de las supuestas víctimas del sacerdote", aunque puntualizó que "eso no significa aceptar que el hecho efectivamente haya existido".
Este diario informó ayer que la fiscal Adriana Camporini actúa ya de oficio en el caso y presentó un escrito a la jueza de Instrucción Penal de turno, Raquel Cosgaya. Varias fuentes judiciales confirmaron que por tratarse de temas vinculados a los delitos sexuales de instancia privada, es necesario la denuncia de alguna de las víctimas para que la Justicia pueda avanzar en una investigación.
La diputada provincial de Solidaridad e Igualdad (SI) Alicia Gutiérrez reclamó la intervención judicial y se quejó al señalar que "es sorprendente cómo la jerarquía de la Iglesia rosarina mantuvo en secreto estos deplorables hechos".
Gutiérrez consideró que los incidentes fueroLa curia conocía las denuncias contra un cura desde el 2008
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La Iglesia rompió el silencio. Dos días después de la publicación de LaCapital, el arzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan, admitió ayer públicamente que "desde fines de 2008" la jerarquía de la orden de Canónigos de Letrán investiga las denuncias de acoso sexual y abusos de autoridad contra un sacerdote de la parroquia de Pompeya. E incluso reveló que él personalmente atendió las quejas de los feligreses y que en dos ocasiones vino a Rosario un abad desde Roma a examinar el caso.
El prelado insistió en aclarar que "de ninguna manera hubo encubrimiento o manto de silencio o secreto" en torno al caso, aunque reconoció que "desde fines de 2008" la Iglesia local estaba "en conocimiento de las denuncias" contra el ex párroco y directivo del colegio que funciona en barrio Belgrano.
Mollaghan insistió en adjudicar a la propia decisión de los involucrados que no se haya hecho una denuncia judicial. "No se judicializó el tema porque eso lo deben hacer las supuestas víctimas", dijo, a pesar de que recién desde que el caso se conoció a través de LaCapital una fiscal intervino para favorecer algún tipo de investigación.
El arzobispo pareció apuntarle a la responsabilidad de la congregación al señalar que los denunciantes "aceptaron que quienes diluciden la cuestión sean los superiores (del párroco acusado) de la orden de los Canónigos Regulares de Letrán".
No obstante Mollaghan reveló que recibió personalmente las quejas de un grupo de alrededor de 20 feligreses, que denunciaban al sacerdote de varias cuestiones que iban desde autoritarismo al acoso, y destacó que luego fue separado de la parroquia.
En cambio, tuvo reparos respecto de la veracidad de todas las denuncias al asegurar que "otro grupo se acercó a defenderlo y había una maniobra pergeñada para perjudicar al sacerdote. Había hechos que podían representar la verdad, pero también eran difusos", dijo.
El obispo agregó que "la Iglesia tiene un Derecho propio que permite que sea el propio superior quien investigue a un sacerdote, que es lo que se hizo. La investigación ha avanzado —dijo—, incluso vino dos veces desde Roma el abad de los Canónigos Regulares de Letrán", manifestó.
En una particular interpretación de los castigos, el prelado resaltó que "ya es de por sí muy duro que, mientras se sustancia la investigación que continúa abierta, el sacerdote haya sido impedido de cumplir sus funciones de párroco".
Un punto importante en las expresiones del arzobispo fue cuando reconoció que "la congregación indemnizó en 200 mil pesos a una de las supuestas víctimas del sacerdote", aunque puntualizó que "eso no significa aceptar que el hecho efectivamente haya existido".
Este diario informó ayer que la fiscal Adriana Camporini actúa ya de oficio en el caso y presentó un escrito a la jueza de Instrucción Penal de turno, Raquel Cosgaya. Varias fuentes judiciales confirmaron que por tratarse de temas vinculados a los delitos sexuales de instancia privada, es necesario la denuncia de alguna de las víctimas para que la Justicia pueda avanzar en una investigación.
Fuente: La Capital |
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